Dos “halcones” vinculados por atentado contra la seguridad de la sociedad

*..-  utilizaban equipos de radiocomunicación para alertar sobre los desplazamientos y ubicación de policias

Nogales, Sonora, a 09 de Septiembre de 2026 .- La Agencia del Ministerio Público del Fuero Común obtuvo vinculación contra Diego Román y Martín Alonzo, ambos de 28 años, por atentado contra la seguridad de la comunidad, luego de que fueran detenidos en hechos distintos registrados el pasado martes 1 de septiembre.

           En el primer caso, a las 12:10 horas, en calles Ochoa y Pierson, colonia Fundo Legal, Diego Román habría sido detectado cuando utilizaba radio portátil para transmitir información relacionada con la presencia y desplazamiento de unidades de seguridad; de acuerdo con los datos de investigación, el imputado habría comunicado a terceros la aproximación de carro radio patrulla, sin advertir que elementos de la Guardia Nacional se desplazaban detrás y escuchaban las comunicaciones.

            En el segundo caso, a las 12:54 horas, Martín Alonzo fue detectado en avenida Hidalgo, en la parte posterior de la subestación eléctrica de la CFE ubicada en colonia Parque Industrial San Carlos; según los datos de investigación, agentes que se encontraban rezagados de un convoy escucharon al imputado transmitir mediante un equipo de radiocomunicación información precisa sobre el desplazamiento y características de las unidades de seguridad, así como advertencias dirigidas a terceros para mantenerse alertas ante su presencia.

         En ambos casos, los aprehensores incautaron los equipos de radiocomunicación que presuntamente eran utilizados para transmitir la ubicación y desplazamiento de elementos de seguridad y recibir información sobre sus movimientos, conducta que, conforme a la imputación, tenía como finalidad advertir a terceros y dificultar las labores de prevención y vigilancia.

         En las acciones participó Peps, GN y Amic.

         En ambos casos, se calificó de legal la detención, resolviéndose vincularlos a proceso, imponiéndoseles prisión preventiva y estableciéndose plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

          Refrendándose el compromiso de investigar y perseguir conductas que vulneren la seguridad pública o interfieran con las labores de las instituciones encargadas de la prevención y combate al delito, mediante investigaciones sustentadas en datos de prueba y con estricto apego a la legalidad, el debido proceso y los derechos humanos.